Maite Gutiérrez, militante del Foro por la Memoria
El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de septiembre 2020 incorpora como uno de los puntos clave “el papel activo y singular de las mujeres españolas como protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, así como la represión específica y el sufrimiento infligido por el hecho de ser mujeres”.
Hablar de represión franquista no es nuevo, aunque sí lo es el tratamiento historiográfico de la misma porque incorpora la perspectiva de género en la investigación. Tampoco es una novedad que el entramado legal y jurídico del que se dotó el régimen fue especialmente discriminatorio para las mujeres. Desde el mito del Génesis –la pecadora Eva- hasta la simbología del imaginario medieval que alcanzó su zénit en la Inquisición con la quema de brujas, se ha legitimado el poder del varón que ejerce su derecho de propiedad sobre la mujer. En 1930 Pio XI promulga la Encíclica Casti Connubii donde se exalta “el sometimiento fiel y honesto de la mujer al marido” y se critica la emancipación femenina. De este discurso se hizo eco el nacionalcatolicismo y se apropió la dictadura.
El Anteproyecto recoge orientaciones educativas para la ESO y Bachillerato que, nos parece, deberían ampliarse a todo el sistema educativo y la perspectiva de género transversalizar todo proyecto curricular. La inclusión de la memoria democrática en la enseñanza-aprendizaje de la Historia implica hacer visible la apuesta por la igualdad y los derechos de ciudadanía plena para las mujeres representado por la II República; solo así ayudaremos a entender a las generaciones jóvenes que el ideario franquista de género se pergeñó frente al modelo feminista republicano porque cuestionaba el canon tradicional de sumisión y abnegación.
La Sección Femenina de la Falange, el Auxilio Social y la Iglesia intervinieron en el espacio público y privado de la vida de mujeres y hombres sobre quienes la dictadura impuso su patrón heteronormativo, autoritario, nacionalcatólico y patriarcal.
Estigmatizadas y represaliadas, las republicanas individuas de dudosa moral, fueron resistentes antes que víctimas pasivas. Así, en muchos testimonios y pliegos de descargo de mujeres, viudas en su mayoría, enjuiciadas o afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 aparecen denuncias del maltrato del Estado hacia las víctimas y se reclaman los cuerpos de los padres, hijos o marido que el nuevo estado daba por desaparecidos y a la vez se oponían a la incautación de sus tierras cultivables y otros bienes materiales expoliados. Eran formas de acción política, de ejercer derechos en un estado sin derechos, que ponían en evidencia la violencia y el exterminio que se escondían bajo la justicia de Franco.
La guerra invisible siguió al fin de la Guerra. Detenidas cuando falangistas y policías no encontraban a los varones en la casa, acusadas de rebelión militar o desafección, caía sobre ellas el uso de una violencia física y psicológica –violaciones, rapado de cabello, ingesta de aceite de ricino, exposición pública de sus cuerpos desnudos para causar un efecto disciplinador sobre las otras mujeres, las que miraban “el espectáculo” y un largo etcétera-, una violencia cuya finalidad era la deshumanización y la destrucción de los ideales republicanos de igualdad. Entre 1939-1943, fueron ejecutadas 84 mujeres, entre ellas Las Trece Rosas, en las tapias del cementerio del Este en Madrid.
En las cárceles se les castiga a través de sus hijos e hijas quienes, a partir de los tres años, eran recogidos por instituciones sociales o religiosas desde donde se iniciaba una operación de robo de bebés que durará hasta bien entrada la democracia.
Mujeres como Concha Carretero, Julia Manzanal, Trinidad Gallego y las Trece Rosas, entre otras, ayudaron en la cárcel de Ventas a organizar unidades de solidaridad en donde la sensibilidad hacia los cuidados, la labor de alfabetización y las redes de ayuda hicieron de la prisión un espacio de compromiso y militancia.
El Anteproyecto aborda de forma genérica las violaciones más frecuentes de los derechos de las mujeres, niñas y niños. Desde el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo se ha hecho público un documento propositivo de reforma y mejora del Anteproyecto presentado por el Gobierno, elaborado a partir de múltiples análisis y propuestas y respaldado por casi un centenar de colectivos y asociaciones.
La nueva Ley de Memoria democrática debe introducir:
- La mejora y ampliación de la redacción del articulado sobre las víctimas del robo de bebés e incluir la variedad de motivos que generaron ese crimen, durante la dictadura y la transición, perpetrado por entidades o personas vinculadas a las instituciones del Estado. Ello implicaría el reconocimiento de su derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación, tal y como prescribe el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
- La inclusión en el listado de colectivos de Víctimas de las mujeres que padecieron humillación, persecución, violación o castigo por haber ejercido su libertad personal o profesional durante la II República, o por el mero hecho de ser compañeras, esposas o hijas de quienes participaron en la vida pública de la democracia republicana.
- A las víctimas de violencia reproductiva, que amparó, entre otros crímenes, la desaparición forzada de menores y recién nacidos, las penas por el uso de métodos anticonceptivos, la persecución de la interrupción voluntaria del embarazo , etc
- Los castigos de su sexualidad que incluyen la reclusión por razones morales o religiosas en centros religiosos e instituciones el estado, por adulterio, huida del hogar por maltrato, etc.
- Los trabajos forzados realizados en cárceles y otras instituciones de reclusión o acogida de mujeres y niñas.
- Las medidas natalistas que regularon, entre otras violaciones de derechos, las excedencias forzosas por matrimonio, la prohibición de contratar a mujeres casadas.
- La represión que sufrieron las niñas y niños, hijas e hijos de represaliadas y represaliados políticos, que fueron recluidos en instituciones del Estado o de la Iglesia, así como todas aquellas niñas y niños que, procediendo muchas veces de familias sin vinculación política alguna, fueron recluidos en preventorios de salud franquistas en los que sufrieron atrocidades de variada índole.
- La aplicación del estatuto de víctimas a los hombres y mujeres represaliados por la Ley de Vagos y Maleantes, reactualizada en 1970 en la Ley de Peligrosidad Social contra homosexuales y transexuales a quienes, por transgredir la heterosexualidad impuesta, se trató de reeducar en psiquiátricos y cárceles especificas.
El Anteproyecto incorpora una sensibilidad de género que constituye un importante avance respecto al texto de la anterior Ley de Memoria de 2007. Las víctimas y su derecho irrenunciable a la Verdad, la Justicia y la Reparación -que constituye una obligación ineludible del Estado español- deben ocupar el centro de la nueva Ley de Memoria Democrática según se recoge en las recomendaciones y propuestas de las organizaciones internacionales de derechos humanos.
